Con los trabajadores subcontratados de Telefónica
En España el conflicto afecta a unos 15.000 empleados que trabajan en la instalación de los servicios de Movistar y en el mantenimiento de sus redes. De ellos, 500 lo hacen en nuestra Región, a través de las empresas Teleco, Elecnor e Itete.
Denuncian las condiciones de precariedad que impone y tolera Movistar en sus contratas y subcontratas, entre ellas, incumplimiento del convenio colectivo, movilidad geográfica obligada y presiones para firmar bajas voluntarias para trabajar como falsos autónomo.
Para que os hagáis una idea, muchos de estos trabajadores tienen salarios de 800 euros mensuales, con una jornada diaria de casi diez horas. Trabajan también sábados y domingos para hacer guardias que no cobran si durante la semana no cubren el baremo de producción establecido.
Unas condiciones de trabajo indignas que evidencian las verdaderas intenciones del gobierno del PP cuando llevó a cabo la reforma laboral. Muchos de estos trabajadores fueron despedidos de sus empresas para luego volver a ser contratados como falsos autónomos y autónomos dependientes, con jornadas muy superiores a lo que establece la legislación laboral y precarias condiciones de trabajo que ponen en peligro su salud y su seguridad.
Todo esto se agrava con los llamados convenios bucle, un acuerdo al que Telefónica llega con las contratas cada tres años. En el último contrato, la multinacional ha hecho una rebaja del 10% que contratas y subcontratas han aprovechado para aplicar a sus trabajadores y a los autónomos, lo que genera un sector sumamente explotado que trabaja en condiciones vejatorias.
Por eso exigimos la eliminación del convenio bucle, la disminución del número de subcontratas y autónomos, la aplicación a estos trabajadores del convenio del Metal de la Comunidad Autónoma y la apertura de una mesa sectorial para regular el sector.
Estamos con ellos, como hemos estado con los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Esta semana hemos celebrado el auto del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del ERE con el que se cerraron cuatro de las once factorías españolas de esta multinacional: las de Colloto (Asturias), Fuenlabrada (Madrid), Alicante y Palma de Mallorca.
Que la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP no vale para todo se está demostrando en los tribunales. Muchas de las demandas de los trabajadores están recibiendo la adecuada respuesta por parte de los jueces. Vamos a trabajar para que también se haga justicia con los trabajadores subcontratados de Telefónica.
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